POR LA LEGALIDAD Y EL DESARROLLO DEL NOROESTE FUERA EL PEAJE DE LA AP-6 

¿Qué empresa se instalaría en Ávila, Segovia o Salamanca, si tiene que pagar 8.000 € al año solo en peaje? ¿Por qué somos los únicos que tenemos que pagar para acceder a Madrid por una vía rápida? 

• 1999. Fomento concede a Iberpistas las obras de la ap-51, la a-61, el túnel reversible y varios ramales de conexión y además le amplia la concesión del peaje del túnel de la ap-6 de 2018 hasta 2050. 
• 2002. El Mº de presidencia permite a las concesionarias de autopistas usar las autopistas como infraestructuras de telecomunicaciones. 
• 2003. Abertis compra Retevisión, privatizada por el gobierno Aznar. 
• 2010. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en sentencia firme el cese del cobro de peaje de la ap-6 en 2018, dada la ilegalidad de la concesión del contrato de las obras y la ampliación del peaje. 
• 2011. La marcha de indignados del noroeste del 15m cortó el túnel de Guadarrama en protesta por el peaje y la corrupción. 
• 2012. Fomento modifica la concesión para cumplir la sentencia. Reduce la concesión a Iberpistas en 7 años y le indemniza con una cantidad que todavía no es pública. Esos 7 años volverán a salir a “concurso”. 

 ¡Recordad!, todo esto se paga con dinero público, dinero de todos los españoles. 

Elena salgado, exministra, como “premio” es nombrada consejera de Abertis.

 EXIJAMOS LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

¡EL PEAJE ES ILEGAL!
 NO LO PAGUES 

TIENE QUE REVERTIRSE EN 2018 NO EN 2050 ES IMPRESCINDIBLE PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA

FOMENTO DECRETA PARA CONTENTAR A LA COMISIÓN EUROPEA RESPECTO A LA SENTENCIA DE CONDENA EN SU CONTRA DEL TJUE DE 2010

FOMENTO ENGAÑA A LOS CIUDADANOS SIN RESPONSABILIZAR A NADIE DE LA CONCESIÓN IRREGULAR Y EL DESVÍO DEL DINERO PÚBLICO

No se reconocen responsabilidades de ningún tipo, ni de los políticos que adjudicaron irregularmente las obras, ni de IBERPISTAS que se benefició del dinero público, realizando un túnel inútil y de costes multimillonarios.

La adjudicación ilegal de obras públicas millonarias e ineficientes con el dinero de los ciudadanos sigue sin penalizarse.

El Gobierno de Aznar en 1999 acordó según el TJUE, la adjudicación a dedo de las obras de la AP-51, la AP-61 y el túnel reversible de Guadarrama, con la consiguiente ampliación del peaje existente hasta 2018 hasta 2036, para compensar los costes de la obra a la empresa IBERPISTAS.

El Ministerio de Fomento ha retorcido de forma vergonzante la concreta medida de cumplimiento con el regocijo de IBERPISTAS, los siempre beneficiados, a costa de los ciudadanos. No hay nada nuevo en contra de los intereses de los beneficiados por los hechos de corrupción ni se produce ninguna mejora para los ciudadanos respecto la situación actual.

El Decreto aprobado por Fomento establece que en Noviembre de 2019, y en función del tráfico real del túnel y las autopistas desde 1999, el Ministerio decidirá si la concesión se prolonga hasta 2031 o hasta 2036. Dada la crisis en la que nos encontramos no nos cabe duda de la prolongación hasta 2036 de la actual concesión irregular a IBERPISTAS. Una vez realizada esta operación entonces reducirán la concesión en 7 años, es decir hasta 2029. Y se compensará económicamente a IBERPISTAS, por este hecho. En esa fecha se volverá a licitar, esta vez supuestamente de forma transparente y competitiva, por esos 7 años y con las mismas condiciones que venían imponiéndose a los ciudadanos. Una autopista de peaje.

¡¡¡Los ciudadanos seguiremos pagando el peaje hasta 2036, y más allá, y encima IBERPISTAS se llevará una suculenta indemnización!!!, de ahí su alegría por estas medidas del Gobierno según ellos “equilibradas”.

Nosotros creemos que es una tomadura de pelo en la cual los únicos perjudicados son los ciudadanos de Ávila y Segovia. La corrupción es demasiado barata en España, la cual incluso una vez declarada por los tribunales aún es más rentable todavía.

Por ello seguimos exigiendo lo que es de justicia y sentido común:

1. La liberación del peaje a partir de 2018. Esto permitiría la reducción de los costos de transporte de empresas y particulares. El contrato es nulo y por tanto todas las consecuencias del mismo deben desaparecer, la concesión y el peaje.

2. La asunción de responsabilidad civil y penal por los implicados. Todos los implicados deben ser investigados por corrupción y en todo caso sancionados económicamente por la aprobación de una concesión irregular a favor de una empresa monopolista, empezando por todos los ministros de Fomento. Es impensable que la firma de un contrato público irregular no sea castigado con la más severa pena, en especial cuando está en juego la gestión de las arcas públicas y el desarrollo económico de la región.